El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a una demanda colectiva reciente que cuestiona su trato de niños migrantes durante la pandemia de COVID-19.
El DHS presentó su oposición a una demanda colectiva sobre niños migrantes, afirmando que sus acciones fueron justificadas en función de la pandemia de COVID-19 en curso. El Congreso supuestamente dio al gobierno una lenidad especial durante tales situaciones bajo la Ley del Servicio de la Salud Pública (Public Health Service Act).
Basado en esto, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) legalmente puede deportar a niños no acompañados durante la pandemia, sostiene el DHS.
“No hay razón para permitir al demandante obstaculizar a la respuesta justa y manifiestamente eficaz a la pandemia por el director de los CDC, y cuestionar el juicio del director en esta coyuntura potencialmente puede llevar a consecuencias devastadores para la salud pública,” escribió el DHS en su oposición.
La ACLU presentó una demanda colectiva contra el DHS en agosto, representando un guatemalteco de 16 años que afirma que trató de venir a los EE. UU. para escapar de la persecución. En la demanda colectiva, la ACLU sostuvo que el gobierno está violando leyes de inmigración con su trato de menores no acompañados.
Supuestamente, el DHA está aprehendiendo a niños migrantes en hoteles durante días. Desafortunadamente, durante este período, los niños migrantes supuestamente no pueden distanciarse socialmente a pesar del riesgo aumentado de la transmisión de COVID-19. Después de ser sometidos a estos riesgos, los niños migrantes supuestamente son deportados antes de que puedan recibir una oportunidad justa para buscar ayuda bajo leyes de inmigración.
Según la ACLU, este trato viola la ley de inmigración – incluso en medio de la pandemia de COVID-19. Bajo la ley, el DHS supuestamente tiene que tomar la custodia de niños migrantes no acompañados dentro de 72 horas de aprehenderlos.
La ACLU pidió que el tribunal impida al DHS deportar ilegalmente a niños migrantes sin procesarlos y proveerlos la oportunidad de refugiarse de la tortura o persecución.
Sin embargo, según la oposición reciente del DHS al caso, el gobierno es totalmente justificado en sus acciones bajo la Ley del Servicio de la Salud Pública.
Una sección de esta ley supuestamente resume los poderes especiales proveídos al gobierno durante emergencias de la salud como una pandemia. La sección 265 de Título 42 en la Ley del Servicio de la Salud Pública supuestamente establece “el poder de impedir la entrada de personas al país que pueden propagar una enfermedad contagiosa.”
Debido al riesgo alto representado por niños migrantes detenidos, el DHS afirma que tienen la autoridad para tomar medidas que no serían justificadas de otra manera.
La ACLU no está de acuerdo. En la demanda colectiva, la ACLU sostiene que Título 42 no justifica la negación universal de los derechos de niños migrantes. En cambio, esta sección de la Ley del Servicio de la Salud Pública supuestamente permite al gobierno ejercer los poderes de la cuarentena y pruebas.
La demanda colectiva enfatiza que “niños no acompañados en ningún caso puede ser deportados sin una oportunidad adecuada para determinar su derecho a permanecer en los Estados Unidos.”
La ACLU ofrece más argumentos preventivos contra la justificación en función de la pandemia de COVID-19. La demanda colectiva sostiene que hay mejores maneras para proteger a funcionarios fronterizos más bien que indiscriminadamente deportando a niños.
Las medidas como el uso de mascarillas, guantes y el distanciamiento social supuestamente serán más eficaces en la prevención de la propagación de COVID-19 sin violar la ley de inmigración.
La Oficina del Inspector General del DHS publicó un informe a principios de septiembre que determinó que la patrulla fronteriza está tomando medidas preventivas incluyendo el distanciamiento social. Supuestamente se utiliza otras medidas, también, incluyendo la reducción de tráfico, el equipo de protección individual como mascarillas, la evaluación de riesgo, la limpieza y más.
“Sin embargo, los centros reportaron preocupaciones con su incapacidad para poner el distanciamiento social en práctica y el riesgo de exposición a COVID-19 debido a la naturaleza del contacto cercano de su trabajo. Los centros expresaron preocupaciones en relación con la disponibilidad de personal, sin embargo, si hubiera un brote de COVID-19 en el centro,” reportó el informe del inspector de DHS.
“En general, la mayoría de los respondedores reportaron que sus centros estaban preparados para abordar COVID-19.”
¿Usted piensa que el Departamento de Seguridad Nacional es justo en su trato de niños migrantes? Avísenos en la sección de comentarios.
Los demandantes y los miembros de clase propuesta son representados por Stephen B. Kang, Cody Wofsy, Morgan Russell, Adrienne Harrold, Andre Segura, Kathryn Huddleston, Rochelle Garza, Brantley S. Drake, Celso J. Perez, Lee Gelernt y Daniel A. Galindo, Scott Michelman y Arthur B. Spitzer de la ACLU, Robert Silverman de Oxfam America, y por Karla M. Vargas y Efren C. Olivares de Texas Civil Rights Project.
La Demanda Colectiva sobre Niños Migrantes y COVID-19 es P.J.E.S., et al. v. Wolf, et al., Case No. 1:20-cv-02245, en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia.
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April 2, 2026 | Legal News
