Un grupo de empresas puertorriqueñas locales y familiares presentaron una demanda colectiva de $1 billón contra unas de las tiendas minoristas más grandes del país sobre acusaciones de que las tiendas minoristas grandes violaron ordenes gubernamentales de sólo vender artículos esenciales en los primeros días de la pandemia del coronavirus.
Las empresas puertorriqueñas afirman que Walmart, Costco, Walgreens y CVS le costaron $38,7 millones al menos por vender bienes no esenciales durante un estado de emergencia que sólo permitió la venta de comida, medicinas y equipo médico. Como resultado, ellas presentaron la demanda colectiva y quieren representar incontables otras empresas puertorriqueñas que también se vieron afectadas económicamente mientras que los demandados hicieron ventas.
“A través de sus ventas ilegales, los demandados crearon un oligopolio,” dice la demanda colectiva. También, la demanda colectiva afirma que las tiendas minoristas nacionales “co-monopolizaron el comercio puertorriqueño mientras que 95% de las empresas en Puerto Rico estaban cerradas por obligación.”
La gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced declaró un estado de emergencia por toda la isla el 12 de marzo, el día después de que la Organización Mundial de la Salud declaró que la crisis mundial de la salud creado por COVID-19 es una pandemia. Tres días después de la declaración del estado de emergencia, la gobernadora emitió la primera serie de ordenes ejecutivos que establecieron un toque de queda y restricciones en ventas minoristas en Puerto Rico, entre otras cosas.
Todas las empresas no esenciales tuvieron que cerrarse, a menos que las que provean artículos esenciales al público – incluyendo comida, medicinas y equipo médico – también conocidos como “artículos de la primera necesidad.” Los ordenes ejecutivos subsiguientes que requirieron restricciones similares se emitieron más luego en marzo, abril y mayo, según la demanda colectiva.
Durante los primeros días de las restricciones en empresas puertorriqueñas causadas por la pandemia, las tiendas de cadena grandes “acordonaron las áreas” en las cual estaban los artículos que no podían venderse, pero continuaron vendiendo los artículos de todos modos, afirman los demandantes. Más luego, se quitaron las barreras. Las tiendas vendieron “cientos de millones de dólares” de ropa, zapatos, televisiones, electrodomésticos, artículos del hogar y otros bienes no esenciales durante ese tiempo, afirman las empresas puertorriqueñas.
Mientras tanto, las seis empresas demandantes que presentaron la demanda colectiva o permanecieron cerradas o sólo vendieron los “artículos de la primera necesidad” como ordenó la gobernadora, afirman ellas.
Entre ellas son J. Pica y Cía. Inc., una cadena familiar de tiendas por departamentos fundada en 1963 que estima que perdió $25 millones en ventas debido a las “violaciones intencionadas y las prácticas empresariales injustas y desleales” de los demandados.
Kress Stores, una empresa familiar fundada también en 1963 que vende la ropa para niños y mujeres en 38 tiendas por toda la isla afirma que perdió $8,2 millones, según la demanda colectiva.
Se espera que Humberto Vidal Inc., otra empresa familiar fundada en 1971 que tiene 41 “tiendas de zapatos, calcetas y carteras,” perdió $3,1 millones debido a las prácticas de ventas de los demandados durante la pandemia, afirma la demanda colectiva.
Valija Gitana Inc., en funcionamiento desde 1994, opera 12 tiendas de la ropa, accesorios y joyería, y perdió $2 millones al menos, según la demanda colectiva.
J.M.J. Appliances Corp., una empresa familiar de muebles y electrodomésticos con tres tiendas sufrió una pérdida de $400.000 por lo menos, afirma la demanda colectiva. Y se estiman que Antonio Bayón y Elba Casiano, que tienen dos tiendas de descuento Junelba, perdieron por lo menos $50.000.
“Mientras los demandados de tiendas grandes y farmacias de cadena estaban sacando provecho en los millones a través de su violación intencionada del orden ejecutivo,” afirma la demanda colectiva, “los minoristas locales, de acuerdo con la ley, observaron la competencia injusta mientras sus empresas se desplomaron y sus empleados se empobrecieron.”
Las seis empresas puertorriqueñas presentaron su demanda colectiva en el Tribunal Superior en Puerto Rico el 6 de agosto, y luego presentaron una versión enmendada el 19 de agosto. El 8 de septiembre Costco peticionó al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para avanzar el caso al tribunal federal.
“Estas empresas ganaron poder y control en el mercado minorista en Puerto Rico, abusaron de eso poder en el mercado, y lo monopolizaron por hacer ventas prohibidas,” afirma la demanda colectiva.
“El efecto neto de estas acciones fue el secuestro ilegal del mercado por los demandados, en detrimento de la competencia y los minoristas durante un período de 11 semanas.”
Los demandantes piden por lo menos $1 billón en daños y perjuicios.
¿Su empresa se vio afectada económicamente por cumplir con restricciones de emergencia sobre ventas durante la pandemia mientras que empresas de cadena gigantes no? Avísenos en la sección de comentarios.
Los demandantes y los miembros de clase propuesta son representados por Luis N. Saldaña, Ian P. Carvajal Zarabozo, Fernando Sabater y Ángel E. Rotger Sabat de Saldaña Carvajal & Vélez-Rivé, PSC en San Juan, Puerto Rico.
La Demanda Colectiva de Empresas Puertorriqueñas es Kress Store of Puerto Rico, et al. v. Wal-Mart Puerto Rico Inc., et al., Case No. 3:20-cv-01464, en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico.
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