By Top Class Actions  |  August 21, 2020

Category: Español

A man and woman holding books outside a building maintain social distancing and hold their smartphones near each other - contact tracing

Más de 1.300 demandantes presentaron una demanda colectiva en un intento de impedir Texas de realizar el rastreo de contactos durante el brote del coronavirus. 

Los demandantes, incluyendo delegados políticos, dueños de empresas y otros, afirman que el uso del rastreo de contactos para rastrear la propagación de COVID-19 viola sus derechos de las Primera, Cuarta y Decimocuarta Enmiendas, y llama a los esfuerzos del estado “una intromisión injustificada” en sus actividades legales.

La demanda colectiva nombra el gobernador de Texas Greg Abbott y otros como demandados.

Desde el medio de marzo, Abbott emitió varias ordenes en relación con la salud pública y las medidas necesarias para tratar de contener el brote del coronavirus, según la queja. Estas ordenes incluyen directivas sobre cierres, la apertura y cierres de ciertos tipos de empresas además de requisitos de ocupación para varios tipos de establecimientos

Alrededor de mayo, según la queja, Abbott entró en un contrato de $295 millones para el rastreo de contactos “para empezar la vigilancia de las actividades diarias de tejanos.”

La queja afirma que el contrato fue firmado sin una vota, discusión o supervisión legislativa.

Se utiliza el rastreo de contactos para rastrear y monitorear los contactos personales de individuos contagiados y para notificarles de exposición para que ellos puedan tomar medidas para “supuestamente prevenir la propagación del virus,” afirma la demanda colectiva.

Los demandantes afirman que el rastreo de contactos “apoya la cuarentena de contactos, incluso la detención obligada para prevenir la transmisión potencial.”

“Esto rastreo de residentes de Texas incluye sus actividades sociales, su asistencia religiosa, y incluso los movimientos de sus hijos en relación con la escuela,” además de pedir a tejanos con quiénes han asociados y además de monitorear sus movimientos a través de sus smartphones, afirma la queja.

“No hay una manera para los tejanos a optar por no participar en esta vigilancia, porque el gobierno se les pedirá que otros informan sobre todos con los que ellos posiblemente estuvieron en la presencia de, sin tener en cuenta los derechos de privacidad de ellos que no quieren ser vigilados,” dice la demanda colectiva.

Los demandantes afirman que los demandados no han sido transparentes sobre los detalles del contrato de $295 millones.

La demanda colectiva afirma que los datos recopilados, y su almacenamiento en una base de datos, “impone un efecto profundo del frío en los derechos de asociación con la Primera Enmienda de los demandantes y todos los tejanos” por infringir en su libertad de asociación Ellos afirman que esta violación causó daños monetarios a ellos porque personas han sido disuadidas de ser clientes de empresas.

Los demandantes afirman que su derecho al proceso debido fue violado, también.

Ellos afirman que las ordenes ejecutivas de Abbott y el contrato del rastreo de contactos suponen que los demandantes y sus empresas “sean incubadoras del virus a pesar de una falta de evidencia que demostraría como tal y sin proveer el proceso debido a esas empresas para disputar esa suposición.”

Graphic representing contact tracing with a smartphoneLas ordenes de Abbott y el contrato “han privado a ciudadanos de la oportunidad de disputar su presunto estado criminal,” dice la queja.

Los demandantes afirman que el rastreo de contactos viola sus derechos de la Cuarta Enmienda.

Ellos afirman que la recopilación de datos de los demandados en relación con el movimiento y paradero de “candidatos políticos y titulares de un cargo público daría una ventaja injusta en filtrar tal información a los medios o en utilizar en campañas políticas cerca de las elecciones.”

Además, los demandantes afirman que las ordenes de cierres de los demandados y el rastreo de contactos violan la Cláusula de Protección Igual de la Decimocuarta Enmienda por “ir dirigido y dañar desproporcionadamente a ciertas actividades y empresas, incluso a las de los demandantes.”

Específicamente, los demandantes afirman que rastrear del contacto de individuos que fueron al consultorio médico y la información de quién más fueron a estos consultorios médicos constituyen una violación de privacidad y una violación de la ley Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

“No hay una razón convincente para que los demandados rastreen los movimientos diarios de los demandantes y otros tejanos, de los cuales solo un número trivial tendrán COVID-19,” declara la demanda colectiva.

En noticias legales relacionadas, el RU está empezando una prueba esta semana de su nueva app del rastreo de contactos, que utiliza la tecnología de Apple y Google.

Un intento anterior para un lanzamiento de una app fue descartado debido a errores de precisión.

Los demandantes en la demanda colectivas piden un fallo declatorio que los demandados violaron sus derechos de la Primera, Cuarta y Decimocuarta Enmiendas; un mandamiento judicial que requiere que los demandados “dejen todo su trabajo para el rastreo de contactos y cancelen su contrato citado más arriba que tiene que ver con su contrato”; daños y perjuicios en una cantidad aún por determinar; el interés antes y después del fallo; costos del tribunal y los honorarios de los abogados; y cualquier otra ayuda que el tribunal considere apropiada.

¿Tiene usted preocupaciones sobre la posibilidad de la violación de su privacidad durante el rastreo de contactos? Avísenos en la sección de comentarios.

Los demandantes son representados por Jared Woodfill de Woodfill Law Firm PC.

La Demanda Colectiva sobre el Rastreo de Contactos en Texas es Steven F. Hotze, et al. v. Gov. Greg Abbott, et al., Case No. 1:20-cv-00345, en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito del Este de Texas.

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Si usted cree que sus derechos fueran violados en una manera que se relaciona directamente con la pandemia del coronavirus, es posible que tenga derecho a unirse a esta demanda colectiva sobre el coronavirus.

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