Un juez del tribunal superior de California ordenó que un McDonald’s en Oakland permanezca cerrado hasta que él decide si la franquicia tendría que mejorar sus protocolos de la seguridad en relación con COVID-19 después de empleados presentaron una demanda de la molestia pública.
El juez opinó que la franquicia de McDonald’s tendrá que comparecer ante el tribunal y alegar por qué un interdicto preliminar no debe ser concedido hasta que el restaurante cumpla con varios protocolos de seguridad en relación con el coronavirus.
Unos de estos protocolos incluyen ordenando a jefes y empleados que empleados tienen que quedarse en casa si están experimentando síntomas de COVID-19, están esperando resultados de pruebas de COVID-19, han dado positivo por COVID-19 o estuvo en contacto cercano con alguien que dio positivo por el virus.
Además, el juez ordenó que el McDonald’s permanezca cerrado hasta que puede probar que ha realizado una limpieza profunda de limpiadores profesionales y que regularmente realiza limpiezas profundas y desinfecciones del restaurante y su equipo.
La demanda de la molestia pública fue presentada este mes en el condado de Alameda en California por empleados que afirman que tuvieron que trabajar incluso después de un brote de COVID-19 en el restaurante.
Tres de los demandantes afirman que se enfermaron mientras trabajando en el McDonald’s en Oakland. Otro demandante es el hijo pequeño de uno de los demandantes que contrajo COVID-19 de su madre.
El último demandante es un empleado que trabajaba en el restaurante en proximidad cercana con colegas que dieron positivo por COVID-19 y él tiene miedo de que será infectado con COVID-19 y que propagará el virus a otros.
“En el descuido de los impactos físicos y emocionales del coronavirus en los empleados y clientes del restaurante, además de ellos en la comunidad con cuales esos empleados y clientes vivían, estaban involucrados en y de otra manera interactuaban con, los demandados exacerbaron a sabiendas la propagación — y el miedo razonable de la propagación — de COVID-19 entre los demandantes y otros en su comunidad,” declara la demanda.
Los empleados explican que, en el último recuento, el brote de COVID-19 que ocurrió en su local resultó en al menos 25 casos de COVID-19 y que cada caso involucra trabajadores o sus familias en comunidades latinas de bajos ingresos, una población que se ha visto duramente afectada por el brote.
Los empleados de McDonald’s afirman que tuvieron que trabajar con síntomas de COVID-19 y el restaurante no adoptó ni hizo cumplir medidas preventivas como el distanciamiento social y no proveyó a sus empleados el equipo de protección individual (EPI), como mascarillas y guantes.
Además, los demandantes afirman que McDonald’s no proveyó a sus trabajadores con COVID-19 una manera para pedir la licencia por enfermedad pagada y sigue violando leyes de la salud pública de emergencia.
Los trabajadores buscan el alivio declatorio, compensatorio, mandatos judiciales y otra ayuda para protegerse y para proteger a sus familias y los miembros de sus comunidades de más exposición a COVID-19 y para compensarles por los daños que siguen sufriendo, incluyendo miedos de más exposición a COVID-19.
Una demandante, Yamilett Olimara Osoy Hernandez, afirma que ha sido empleada por McDonald’s como un miembro de la tripulación por más o menos cinco meses. Ella afirma que casi nunca sale de la casa salvo para ir a trabajo y ella afirma que fue expuesta a COVID-19 cuando trabajó en proximidad cercana con al menos tres colegas que dieron positivo por el virus.
Hernandez explica que empezó tener síntomas de COVID-19 — incluso a dificultades para respirar, dolores de cabeza, dolores de cuerpo y una sensación que se desmayaría — mientras trabajando en McDonald’s el 20 de mayo de 2020. Ella afirma que pidió a su jefe de turno para irse a casa, pero su jefe de turno le dijo a Hernandez que no pudo irse hasta que un colega podría cubrir su turno.
Hernandez sostiene que ella posteriormente dio positivo por COVID-19 y le transmitió a su hijo de 10 meses y su esposo. Ella afirma que McDonald’s no provee a ella el seguro médico así que ella tiene que pagar por su medicina y otros suministros de salud por sí misma.
Los demandantes afirman que el restaurante no tomó ni siquiera las precauciones más básicas para proteger la salud y seguridad de sus empleados, llevando a una propagación pública de COVID-19 entre empleados, los miembros de sus familias y sus contactos cercanos.
“Los demandados sabían de los peligros mortales representados por la exposición a COVID-19 por marzo de 2020 si no antes, incluso al riesgo que este virus letal, muy contagioso y fácilmente transmitido podría propagar entre trabajadores y clientes en ambientes interiores y confinados, especialmente si los individuos potencialmente infectados — incluso a individuos sin síntomas — no tenían el EPI,” declara la demanda.
¿Es usted un trabajador de la comida rápida que fue expuesto a COVID-19? Avísenos en la sección de comentarios.
Los demandantes son representados por Michael Rubin, Stacey M. Leyton, Barbara J. Chisholm y Corinne F. Johnson de Altshuler Berzon LLP.
La Demanda sobre McDonald’s y COVID-19 es Yamilett Olimara Osoy Hernandez, et al. v. VES McDonald’s, et al., Case No. RG20064825, en el Tribunal Superior del Estado de California, el Condado de Alameda.
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