El presidente Donald Trump y otros funcionarios enfrentan con una demanda colectiva después de que manifestantes afirmaron que Trump ordenó actos violentos contra manifestantes pacíficos de Black Lives Matter.
La demanda colectiva fue presentada por un grupo de manifestantes junto con Black Lives Matter D.C. y el Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights & Urban Affairs.
Los manifestantes afirman que el presidente y el fiscal general ordenaron el uso de fuerza policial contra manifestantes pacíficos que estuvieron protestando contra el racismo contra la gente negra. Ellos afirman que esta violencia fue utilizada innecesariamente, y fue ordenada para que la Plaza Lafayette podría estar desalojada para la sesión de fotos del presidente.
La demanda colectiva explica que el 1 de junio de 2020, un grupo de manifestantes se juntaron en la Plaza Lafayette para protestar pacíficamente contra las “injusticias asquerosas y sistémicas perpetradas por los cuerpos policiales contra la gente negra.” Los demandantes afirman que esta concurrencia fue una de muchas protestas similares que ocurrieron por todo el país, a la luz de los asesinatos de individuos incluso a George Floyd y Breonna Taylor.
Supuestamente, el presidente Donald Trump, el fiscal general William Barr y otros ordenaron a miembros del Servicio Secreto de los EE. UU., la Policía del Parque de los EE. UU., la Guardia Nacional de D.C. y la Policía Militar de los EE. UU. para utilizar violencia para dispersar las protestas pacíficas.
Esto supuestamente incluye los disparos de cápsulas del gas lacrimógeno y el gas pimienta, y el uso de balas de hule y granadas de fogueo contra manifestantes. Según los demandantes, esta violencia causó que los manifestantes tuvieron que huir del área.
Las víctimas de la brutalidad policial explican que esta violencia dio como resultado muchas lesiones, incluyendo unas lesiones graves sufridas por manifestantes. Los demandantes enfatizan que este ataque no fue provocado.
Además del presidente Donald Trump y el fiscal general William Barr, los manifestantes quieren responsabilizar a otros funcionarios de supuestamente atacando a manifestantes pacíficos. Estos funcionarios incluyen el secretario de defensa Mark Esper, el jefe interino de la Policía del Parque de los Estados Unidos Gregory T. Monahan, el director del Servicio Secreto de los Estados Unidos James M. Murray, el general al mando de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia el general de división William J. Walke y el jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos el general James C. McConville.
La demanda colectiva sostiene que estos funcionarios no tenían una razón legítima para destruir las protestas pacíficas. Los manifestantes notaron que la única razón que Trump dio para desalojar el área era que quería ser capaz de caminar para sacar una foto en una iglesia cercana.
La demanda colectiva sobre la violencia contra la protesta sobre George Floyd afirma que esta no es una razón legal para dispersar una protesta pacífica o para utilizar violencia. Ellos afirman que viola los derechos constitucionales de manifestantes y otros que ocupan la Plaza Lafayette.
Además, los manifestantes notan que esta acción de hostilidad innecesaria es coherente con las amenazas previas de violencia del presidente Trump hacia manifestantes, y sus declaraciones que estimulan a otros a utilizar violencia contra los manifestantes.
En general, los manifestantes notan que “el presidente constantemente ha mostrado hostilidad hacia puntos de vista diferente a lo suyo.”
En particular, las víctimas de la brutalidad policial notan que el presidente Trump anteriormente publicó un tweet en respuesta al saqueo y protestas que ocurrieron por todo el país. El tweet dijo “when the looting starts, the shooting starts” (“cuando el saqueo comienza, el tiroteo comienza”). Los manifestantes explican que esta frase racista fue utilizada por la primera vez en 1967 por el antiguo jefe de policía de Miami Walter Headly mientras que abogaba por el uso de la brutalidad policial.
La demanda colectiva provee el contexto para este presunto acto de violencia, afirmando que este acto de violencia contra manifestantes es una continuación de tácticas violentas y opresivas utilizadas por la policía y otros contra activistas por los derechos civiles.
Ellos citan ejemplos de violencia similar que ocurrieron durante el movimiento por los derechos civiles de los años 60, incluso a “Bloody Sunday” que ocurrió el 7 de marzo de 1965 en Selma, Alabama.
A la luz de esta violencia, los manifestantes piden cambios sistémicos para ser implementados en el sistema de derecho penal.
Ellos piden un fallo que declara que las acciones de los funcionarios son inconstitucionales, y un mandamiento judicial que ordena que funcionarios dejen de utilizar las tácticas descritas. También, los manifestantes piden daños y perjuicios para compensar por lesiones supuestamente causadas por el uso de violencia del presidente y otros.
¿Usted asistió a una protesta? ¿Cómo fue? Avísenos en la sección de comentarios.
Los manifestantes son representados por Kaitlin Banner, Dennis Corkery, Hannah Lieberman y Jonathan Smith de The Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs; Scott Michelman, Arthur B. Spitzer y Michael Perloff de American Civil Liberties Union Foundation of the District of Columbia; y por Jon Greenbaum, Arthur Ago, David Brody, Arusha Gordon y Noah Baron de The Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law.
La Demanda Colectiva sobre Black Lives Matter y la Brutalidad Policial es Black Lives Matter D.C., et al. v. Donald J. Trump, President of the United States, et al., Case No. 1:20-cv-01469, en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia.
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