Clientes de tres tiendas afiliadas con Kroger en Illinois suburbano presentaron una demanda colectiva contra la empresa debido a acusaciones de que su privacidad fue violada por los sistemas de seguridad de la empresa.
Las demandantes Diane Arnold y Jennifer Stewart presentaron su demanda colectiva contra The Kroger Company, su filial, Roundy’s Supermarkets Inc. y su filial, Mariano’s en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Illinois el 28 de agosto.
Las clientes, una de las cuales es una empleada de la tienda, afirma que las cámaras de seguridad y el software de reconocimiento facial utilizados en dos mercados Mariano’s ilegalmente recopilaron sus “datos biométricos” sin su consentimiento.
Los demandantes afirman que las tiendas no pusieron en práctica una política para regular la conservación y destrucción requerida de los biométricos recopilados por el sistema.
En su demanda colectiva, ellas acusan a las tiendas de violar la Ley de Privacidad de la Información Biométrica del estado por escanear las caras de todas las personas que pasan delante de las cámaras de seguridad en las entradas y salidas de dos de los mercados. Los sistemas de escaneo supuestamente trazan la geometría de la cara de cada persona y notan marcadores distintivos. Supuestamente, esto viola los requisitos de la ley de privacidad del estado.
En 2008, los legisladores estatales promulgaron la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois (BIPA, por sus siglas en inglés Biometric Information Privacy Act) para ayudar a consumidores abordar el riesgo creciente de la usurpación de identidad con nueva tecnología que depende del procesamiento de datos biométricos.
La usurpación de identidad por medios convencionales – utilizar la información personal y financiera de una persona – es peligrosa, pero víctimas pueden cambiar sus números de cuenta, contraseñas y códigos de acceso para reestablecer sus identidades en papel. A diferencia de estas víctimas, las víctimas de la usurpación de identidad biométrica no pueden cambiar sus identificadores físicos.
Para proteger al público, la BIPA prohíbe a entes privados, como tiendas, recopilar datos biométricos sin el consentimiento informado por escrito y les requiere que tengan una política por escrito para la conservación y destrucción de esa información. Los entes privados no pueden revelar los datos biométricos recopilados sin el consentimiento por escrito, y no pueden sacar provecho de la revelación incluso si ya obtuvieron el consentimiento.
La ley exige que entes privados protejan todos los datos biométricos recopilados en una “manera similar, si no más protector” que protejan “la otra información confidencial y sensible,” como números de Seguridad Social y códigos.
Stewart, que trabaja y hace compras en un local Mariano’s, dijo que aprendió sobre el sistema de reconocimiento facial cuando oyó a otros empleados por casualidad hablar sobre el sistema. Stewart notó que ella vio las cámaras en la entrada y salida de la tienda y una en la sala de descanso para empleados. Ella supuestamente “pudo ver imágenes en pantallas de computadoras en la oficina de la tienda las cuales los oficiales de la prevención de pérdidas pueden ver de las cámaras.”
Arnold, una cliente regular en dos mercados Mariano’s, descubrió el sistema de seguridad biométrica a través de un testimonio de otro caso – un asunto de lesiones personales – en relación con las tiendas, según la demanda colectiva.
Mientras testificó en ese caso, un gerente de distrito de Mariano’s que está a cargo de 22 tiendas reveló que la empresa estaba utilizando el sistema de reconocimiento facial en las entradas y salidas y que “se apuntan hacia arriba para recopilar los datos de reconocimiento facial incluso de clientes con gorras, hoodies, etc.”
Las tiendas supuestamente utilizan el sistema de seguridad biométrica para identificar rateros, pero no recibieron el consentimiento legalmente requerido para utilizar los sistemas para escanear clientes o empleados, afirma la demanda colectiva.
Además de recopilar la información biométrica, las demandantes dicen que Mariano’s compartió la información con Roundy’s Supermarkets, Kroger y el vendedor de tercera parte de dispositivos y software biométricos de las empresas, y ellas afirman que esto es ilegal sin su consentimiento.
Arnold y Stewart piden la aprobación del tribunal para representar una clase de personas que fueron escaneadas por sistemas de seguridad de reconocimiento biométrico en tiendas Kroger, Roundy’s, Roundy’s Illinois o Mariano’s. Ellas piden daños y perjuicios de $1.000 por cada violación negligente de la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois y $5.000 por cada violación deliberada de las leyes de privacidad.
¿Usted hizo compras en una tienda Mariano’s, Roundy’s o Kroger y fue escaneado por un sistema de seguridad de reconocimiento biométrico sin su consentimiento por escrito? Avísenos en la sección de comentarios.
Arnold, Stewart y los otros miembros de clase propuestos son representados por Daniel Gustafson, Raina Borrelli y Kaitlyn Dennis de Gustafson Gluek PLLC y por Ryan Stephan, James Zouras y Haley Jenkins de Stephan Zouras LLP.
La Demanda Colectiva sobre Tiendas Kroger es Diane Arnold, et al. v. Roundy’s Supermarkets Inc., et al., Case No. 2020-CH-005622, en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Illinois.
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